En adopción

Estos son algunos de los peluditos que están esperando un hogar.

Pulsa en el enlace correspondiente para ver su ficha.

También puedes escribirnos a adopciones@asociacionhada.org indicándonos el número que aparece encima de la foto.

[Ver todos]

Principios básicos de la responsabilidad legal por la tenencia de animales domésticos

15/12/2014

Este artículo pretende establecer los principios legales básicos sobre los que se configura la responsabilidad que adquirimos cuando decidimos ser propietarios o compartir nuestra vida con un animal de los denominados “de compañía”. Partiremos precisamente de ese concepto, delimitado por el artículo 1 de la Ley 11/2003, de 24 de noviembre, de Protección de los Animales de Andalucía, que establece lo siguiente: “se consideran animales de compañía todos aquellos albergados por los seres humanos, generalmente en su hogar, principalmente destinados a la compañía, sin que el ánimo de lucro sea el elemento esencial que determine su tenencia.” Podríamos entender incluidos, por tanto, los más comúnmente aceptados, como perros, gatos, conejos, hurones… pero sin olvidar que son susceptibles de generar responsabilidad otros menos “conocidos” que queden fuera de las exclusiones establecidas por el artículo 2 de dicha ley, resumidos en el concepto de “fauna silvestre”.

Podríamos delimitar esa responsabilidad distinguiendo, en primer lugar, entre tres tipos: administrativa, civil y penal. Una vez conozcamos las notas básicas de cada una de ellas, las iremos desarrollando más ampliamente, así como su casuística, en posteriores artículos.

Fotos de perros

En lo que respecta a la RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, podríamos definirla como la derivada del incumplimiento de las obligaciones de índole administrativa recogidas en la normativa reguladora de la materia. Podemos citar, entre otras, las obligaciones de identificación e inscripción en el correspondiente Registro, así como de obtención de la autorización necesaria, en su caso, establecidas en los artículos 3.2 y 17 de la mencionada Ley 11/2003. Así, el artículo 3.2 establece: “El propietario de un animal objeto de protección por la presente Ley tiene las siguientes obligaciones:

  1. Obtener las autorizaciones, permisos o licencias necesarias, en cada caso, para estar en posesión del animal de que se trate.
  2. Efectuar la inscripción del animal en los registros o censos que en cada caso correspondan, según lo dispuesto en esta Ley y en la normativa vigente.”

Por su parte, el artículo 17 señala:

  1. “Los perros y gatos, así como otros animales que reglamentariamente se determinen, deberán ser identificados individualmente mediante sistema de identificación electrónica normalizado, implantado por veterinario, dentro del plazo máximo de tres meses desde su nacimiento.
  2. La identificación se reflejará en todos los documentos y archivos en los que conste el animal y será un requisito imprescindible para la inscripción registral del mismo.”

El Título V de la mencionada ley regula, por su parte, el catálogo de infracciones y sanciones tipificadas como tal. Será de aplicación también, a estos efectos, el Decreto 92/2005, de 29 de marzo, por el que se regulan la identificación y los registros de determinados animales de compañía en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Por otra parte, existen determinadas “especialidades”, como lo son las obligaciones concretas que se establecen para la tenencia de determinados animales denominados “potencialmente peligrosos”, y que gozan de una regulación específica, constituida por la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos y el Decreto 42/2008, de 12 de febrero, por el que se regula la tenencia de animales potencialmente peligrosos en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Por tanto, el incumplimiento de tales obligaciones llevará consigo la apertura, por parte del órgano administrativo competente (Ayuntamiento, Consejería, Comunidad Autónoma, etc.) del correspondiente expediente administrativo que, en su caso, podrá llevar aparejada la sanción económica correspondiente.

En segundo lugar, tenemos la RESPONSABILIDAD CIVIL derivada de la mera tenencia o posesión de un animal, y que tiene su fundamento más básico en el artículo 1.905 de nuestro Código Civil, que establece que “El poseedor de un animal, o el que se sirve de él, es responsable de los perjuicios que causare, aunque se le escape o extravíe. Sólo cesará esta responsabilidad en el caso de que el daño proviniera de fuerza mayor o de culpa del que lo hubiese sufrido.”

Dicha responsabilidad se configura, según la doctrina y jurisprudencia, como una responsabilidad de tipo objetivo, es decir, se entenderá existente independientemente de la constatación de una actuación imprudente o dolosa del poseedor del animal. Este tipo de responsabilidad tiene las mas diversas y amplias manifestaciones, tales como la producción de daños físicos o personales a terceros, o daños de carácter patrimonial, encontrándose únicamente excluidos de la misma los casos de culpa exclusiva del perjudicado o de fuerza mayor. Por su carácter objetivo genérico, susceptible de los más diversos y numerosos supuestos, supone quizás la más importante de las responsabilidades que se pueden generar por la tenencia de animales, y la que puede ocasionar las más importantes consecuencias.

Por último, nos encontramos con la RESPONSABILIDAD PENAL, que será la que se genere, dado el carácter de “última ratio”, reservado al Derecho Penal, en los supuestos de las conductas más graves o reprochables. En este caso, será de aplicación lo dispuesto en la Ley 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, concretamente, la regulación de esta materia viene contenida en los artículos 337, 631 y 632, relativos a los delitos y las faltas contra los animales domésticos.

Así, el artículo 631.2 establece que:  “2. Quienes abandonen a un animal doméstico en condiciones en que pueda peligrar su vida o su integridad serán castigados con la pena de multa de quince días a dos meses.”

Por su parte, el artículo 632.2 señala que: “2. Los que maltrataren cruelmente a los animales domésticos o a cualesquiera otros en espectáculos no autorizados legalmente sin incurrir en los supuestos previstos en el artículo 337 serán castigados con la pena de multa de 20 a 60 días o trabajos en beneficio de la comunidad de 20 a 30 días.

Por último, en cuanto a los delitos, el artículo 337 establece lo siguiente: “El que por cualquier medio o procedimiento maltrate injustificadamente a un animal doméstico o amansado, causándole la muerte o lesiones que menoscaben gravemente su salud, será castigado con la pena de tres meses a un año de prisión e inhabilitación especial de uno a tres años para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales.

En posteriores artículos iremos desarrollando los distintos tipos de responsabilidad aquí señalados.
Nuria Martínez (Abogada)
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.